Luego de más de cuatro décadas de ocupación ilegal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el desalojo de la conocida Casa Blaquier, ubicada en el barrio de San Telmo. El procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad porteño, contó con presencia policial y se realizó sin incidentes, según informaron fuentes oficiales.
La propiedad, de alto valor patrimonial e histórico, había sido ocupada en los años 80 por organizaciones sociales y personas en situación de calle. Con el tiempo, el edificio quedó en un estado de notable deterioro, a pesar de estar ubicado en una zona de interés turístico y cultural. El desalojo se produjo tras una orden judicial que dio por finalizado el extenso proceso de mediación que había intentado encontrar una solución alternativa para los ocupantes.
Según trascendió, el Ejecutivo porteño planea restaurar el edificio y destinarlo a un nuevo proyecto cultural y educativo. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat afirmaron que se ofrecieron soluciones habitacionales a las familias desalojadas, en el marco de los programas de asistencia que maneja la ciudad.
La Casa Blaquier es considerada un emblema de la arquitectura porteña de fines del siglo XIX y su recuperación es parte de un plan más amplio de puesta en valor del patrimonio urbano. La administración encabezada por Jorge Macri sostiene que estos operativos son necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley y preservar el espacio público, aunque organizaciones sociales han manifestado su rechazo al procedimiento, alegando que no se respetaron los derechos de todos los ocupantes.
El caso también reabre el debate sobre la política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, donde la demanda de vivienda social y el aumento de personas en situación de calle continúan siendo desafíos estructurales. Si bien el gobierno porteño asegura haber cumplido con todos los protocolos de reubicación, referentes del sector sostienen que los dispositivos de asistencia no son suficientes ni sostenibles a largo plazo.
En tanto, sectores vinculados al patrimonio celebraron la medida, al considerar que se trata de una oportunidad para recuperar un edificio simbólico que estaba en situación de abandono. La restauración se realizará en conjunto con el Ministerio de Cultura, que prevé convocar a arquitectos especializados en patrimonio y a instituciones académicas para definir el destino final del inmueble.