Seis días antes del incidente que terminó con una serie de muertes vinculadas al consumo de fentanilo contaminado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya había identificado graves irregularidades en el laboratorio responsable de su elaboración. Así lo confirmó Infobae en base a fuentes oficiales, que aseguraron que la dependencia estatal había ordenado suspender la producción.
El laboratorio implicado fue inspeccionado a fines de junio, en un operativo de rutina que terminó por revelar falencias en los controles de calidad, trazabilidad de los insumos y protocolos de bioseguridad. A raíz de esa inspección, ANMAT inició un proceso administrativo para suspender temporalmente las actividades del establecimiento, aunque la medida aún no había sido formalmente ejecutada al momento del episodio fatal.
El fentanilo es un opioide sintético altamente potente, cuyo uso en medicina requiere estrictos controles. La partida involucrada en el caso fue distribuida en varias clínicas del área metropolitana, y habría sido utilizada sin que se informara sobre la alerta emitida. Las muertes ocurrieron por sobredosis, y las investigaciones apuntan a que el fármaco tenía una concentración mayor a la permitida o estaba adulterado con otras sustancias.
La noticia generó un fuerte impacto en el sistema sanitario y reabrió el debate sobre la eficacia del sistema de control estatal sobre la industria farmacéutica. Si bien ANMAT actuó con celeridad en la inspección, el caso pone en evidencia la demora en la ejecución de medidas preventivas y la debilidad en los mecanismos de alerta temprana.
Fuentes del Ministerio de Salud señalaron que se están revisando todos los lotes distribuidos por el laboratorio en cuestión, y no se descartan sanciones penales además de las administrativas. Mientras tanto, se ordenó retirar de circulación todos los productos asociados a esa empresa, y se pidió a los centros médicos extremar controles sobre los medicamentos recibidos.
El caso también generó reacciones en el ámbito legislativo, donde ya se presentaron proyectos para reforzar las auditorías sobre laboratorios y para modificar los procedimientos de retiro de productos contaminados. El incidente, que ya se cobró varias vidas, podría derivar en una reforma integral del sistema de farmacovigilancia argentino.