A contramano del discurso de austeridad y ajuste, el gobierno nacional ejecutó durante el primer semestre del año el mayor nivel de gasto público de los últimos diez años, según detalla un informe publicado por Ámbito Financiero. La paradoja se explica por el fuerte incremento en intereses de deuda, jubilaciones actualizadas por inflación pasada y transferencias automáticas a provincias, que elevaron el nivel de erogaciones totales.
El dato, que surge de estadísticas oficiales, muestra que entre enero y junio se comprometió un 52% del presupuesto anual, cuando el promedio histórico para ese período ronda el 46%. La aceleración del gasto estuvo concentrada en sectores como seguridad social, defensa, subsidios energéticos y programas de infraestructura que habían sido prorrogados del ejercicio anterior.
Desde el Ministerio de Economía relativizaron el dato al sostener que la ejecución “no implica necesariamente expansión real”, dado que muchos de los pagos corresponden a compromisos heredados o ajustes por inflación. No obstante, algunos analistas advierten que este ritmo de gasto podría comprometer la meta de superávit primario para fin de año si no se compensa con mayores ingresos o recortes adicionales en el segundo semestre.
En paralelo, la recaudación tributaria mostró señales de desaceleración, producto de la caída en el consumo y la menor actividad económica. Esto genera un dilema para el gobierno: mantener el orden fiscal sin recortar partidas sensibles en un contexto social complejo.
La alta ejecución también responde a decisiones políticas. El Ejecutivo aceleró desembolsos en obra pública estratégica, equipamiento militar y programas sociales destinados a sectores vulnerables, como forma de contener tensiones y sostener niveles mínimos de inversión. Esto se combina con la necesidad de cumplir compromisos internacionales y pagos de deuda externa.
Los especialistas destacan que una ejecución elevada no necesariamente contradice un programa de ajuste, si está orientada a consolidar reformas o garantizar estabilidad macroeconómica. Sin embargo, remarcan que el margen para maniobrar será cada vez más estrecho, sobre todo si se produce una baja en la recaudación o si el Congreso impone gastos adicionales, como ocurrió con la fórmula jubilatoria.
De cara al segundo semestre, el desafío será combinar equilibrio fiscal con sostenimiento de la actividad. En un contexto donde los recortes generan resistencia política y los ingresos no repuntan al ritmo esperado, la gestión del gasto se vuelve una herramienta clave para evitar desbordes financieros sin dinamitar el contrato social.