El debate sobre la distribución de los fondos coparticipables volvió al centro de la agenda política y económica. Varias provincias han intensificado su reclamo para modificar el esquema actual, alegando un reparto desigual que perjudica a los distritos con menor poder de recaudación propia. Según un informe publicado por Infobae, el eventual cambio en la fórmula de distribución tendría un impacto fiscal significativo para el gobierno nacional y beneficiaría especialmente a provincias del norte y del sur del país.
El reclamo se formalizó en una serie de presentaciones ante la Corte Suprema y a través de propuestas legislativas que exigen una redefinición de los coeficientes que determinan cuánto dinero recibe cada provincia. La administración de Javier Milei, que promueve un ajuste fiscal estricto, considera que una modificación en ese sentido atentaría contra el equilibrio de las cuentas públicas y generaría un efecto dominó sobre las obligaciones del Estado nacional.
El actual sistema de coparticipación se basa en una ley de 1988 que nunca fue reemplazada por el nuevo régimen de distribución que exige la Constitución de 1994. Esta demora ha generado múltiples controversias y judicializaciones, ya que muchos gobernadores consideran que el reparto favorece históricamente a Buenos Aires, CABA y algunas provincias con mayor peso político.
El informe señala que, de aplicarse un esquema más equitativo basado en indicadores de pobreza, infraestructura y necesidades básicas insatisfechas, provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja verían incrementados sus ingresos. En el otro extremo, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza podrían recibir menos recursos si se adopta una lógica redistributiva más agresiva.
El gobierno nacional, por su parte, argumenta que no hay margen fiscal para asumir nuevas obligaciones y que las provincias deben avanzar en sus propias reformas estructurales para mejorar la recaudación y el uso eficiente del gasto público. En ese sentido, se resiste a cualquier cambio que implique mayor gasto o pérdida de control presupuestario.
El conflicto pone en evidencia una de las tensiones más estructurales del federalismo argentino: la dependencia de muchas provincias de los fondos nacionales y la concentración de recursos en manos del Ejecutivo. En medio de un contexto económico delicado, cualquier alteración del esquema de coparticipación podría desatar un reordenamiento político de amplio alcance.
La discusión, que ya ingresó al Congreso y a los tribunales, promete convertirse en uno de los temas más relevantes del segundo semestre del año. Mientras tanto, los gobernadores fortalecen sus alianzas y presionan para lograr una revisión que consideran impostergable.