La estabilidad fiscal, uno de los pilares del programa económico del gobierno de Javier Milei, comienza a mostrar signos de vulnerabilidad ante el creciente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los gobernadores provinciales. Según detalla Infobae, los mercados financieros reaccionaron con cautela ante las señales de que el superávit podría no sostenerse si el conflicto institucional continúa escalando.
La principal fuente de incertidumbre es la presión ejercida por los gobernadores para aumentar el nivel de transferencias automáticas y discrecionales, en un contexto donde muchas provincias atraviesan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. A esto se suma el malestar en el Congreso, que avanza con proyectos que podrían tener un fuerte impacto fiscal, como la movilidad jubilatoria o la reversión de reformas tributarias impulsadas por el Ejecutivo.
Desde el Palacio de Hacienda advierten que cualquier retroceso en el equilibrio de las cuentas públicas podría traducirse en una pérdida de confianza por parte de los inversores y organismos multilaterales. La posibilidad de que se ponga en juego el cumplimiento de las metas fiscales ya fue advertida por consultoras locales e internacionales.
El mercado, que hasta hace pocas semanas celebraba el resultado fiscal de los primeros meses del año, empezó a mostrar signos de alerta. El riesgo país experimentó una leve suba y la cotización del dólar financiero registró una presión alcista. En paralelo, el Banco Central volvió a intervenir para contener expectativas inflacionarias y garantizar la estabilidad cambiaria.
Uno de los focos principales de tensión es la resistencia de algunas provincias a aplicar los ajustes necesarios para alcanzar metas fiscales locales. En varios distritos, los gobernadores reclaman mayores recursos para sostener sus programas sociales y el pago de salarios, mientras rechazan nuevas reducciones en la coparticipación o en las transferencias discrecionales.
La situación también se ve complicada por el quiebre político entre el presidente y la vicepresidenta, que obstaculiza el trámite legislativo de medidas clave para la consolidación del ajuste. La falta de interlocutores sólidos en el Senado y en la Cámara de Diputados debilita la estrategia fiscal del gobierno, que necesita acuerdos para sostener el recorte del gasto.
Aunque por el momento el equipo económico mantiene su meta de superávit primario, la dinámica política podría alterar ese objetivo. El escenario fiscal se torna así más frágil y condicionado por factores políticos que escapan al control del Ministerio de Economía.