El sistema carcelario argentino atraviesa una situación crítica: desde 2016, la cantidad de personas detenidas en comisarías creció un 145%, según datos oficiales publicados por Infobae. Esta tendencia, lejos de estabilizarse, se ha profundizado en los últimos años, llevando al límite las condiciones de detención en dependencias policiales que no están diseñadas para alojamientos prolongados.
El fenómeno afecta principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde el colapso del sistema penitenciario obliga a retener detenidos en comisarías por semanas o incluso meses. Esta sobreocupación ha derivado en un aumento de muertes, lesiones y problemas de salud mental entre los presos. Organismos de derechos humanos advierten que las condiciones de detención violan los estándares internacionales mínimos y colocan al país bajo escrutinio regional.
En comisarías que tienen capacidad para cuatro personas se alojan hasta 20, sin acceso a espacios de recreación, atención médica o visitas familiares regulares. La situación también pone en riesgo al personal policial, que debe custodiar a los detenidos en condiciones de extrema precariedad, generando tensión y sobrecarga laboral.
La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en varias oportunidades contra la utilización de comisarías como centros de detención permanentes. Sin embargo, las medidas estructurales para revertir esta práctica han sido insuficientes. Las cárceles bonaerenses, que tienen una capacidad aproximada para 45.000 personas, alojan actualmente a más de 60.000, lo que refleja una crisis de infraestructura que no se resuelve con parches.
Desde el gobierno provincial se impulsaron programas de construcción de nuevos módulos penitenciarios y centros de detención transitorios, pero el ritmo de crecimiento de la población carcelaria sigue siendo mayor. Además, la falta de un plan integral de justicia penal y la escasa implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva agravan el problema.
El hacinamiento también repercute en el proceso judicial de los detenidos. Muchos permanecen meses sin ser formalmente imputados o juzgados, en una situación de limbo legal que vulnera el principio de inocencia. Organismos como la Comisión Provincial por la Memoria han señalado que el sistema de encierro preventivo termina siendo una pena anticipada para sectores vulnerables.
La situación exige una respuesta coordinada entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con un enfoque que combine inversión, reformas procesales y una política criminal más racional. Mientras tanto, las comisarías siguen funcionando como cárceles improvisadas, con costos humanos y sociales cada vez más altos.