A un año de haber asumido como secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta se convirtió en una figura emblemática del nuevo ordenamiento institucional que impuso Javier Milei en el manejo de la política agropecuaria. Según un extenso informe publicado por Bichos de Campo, Iraeta —abogado de formación, productor agropecuario y concuñado del secretario de Finanzas Pablo Quirno Pazo— representa el corrimiento total de las decisiones sobre el agro hacia el Ministerio de Economía, dejando a su secretaría con escaso margen de maniobra política.
Desde su designación, Iraeta ha adoptado un perfil bajo, con escasa participación pública y un rol casi técnico en la articulación con las áreas económicas. A diferencia de sus antecesores, carece de autonomía política y no participa de la definición de temas clave como retenciones, tipo de cambio, medidas sanitarias o comercio exterior. Toda la agenda del agro, incluidos los vínculos con organismos internacionales y el manejo de emergencias climáticas, se decide en el Palacio de Hacienda.
Fuentes del sector agropecuario consultadas por Bichos de Campo señalan que la Secretaría quedó reducida a una especie de “mesa de entrada” de expedientes, sin capacidad real de interlocución con los actores del complejo agroexportador. Las mesas de enlace, que tradicionalmente mantenían contacto directo con el secretario del área, hoy deben gestionar sus reclamos en áreas técnicas o incluso directamente en la Secretaría de Finanzas.
La figura de Iraeta ilustra este nuevo esquema: alguien sin trayectoria política ni vínculos orgánicos con las entidades del campo, que funciona como engranaje menor dentro de un engranaje mayor que responde exclusivamente al ajuste fiscal. Su presencia en actos o declaraciones públicas es casi inexistente y, según el medio, aún se encuentra “aprendiendo a hablar en público”.
La subordinación de la política agropecuaria al equipo económico también se refleja en decisiones concretas. La eliminación del dólar diferencial para economías regionales, la falta de respuestas a las pérdidas por sequía, el congelamiento de reintegros a la exportación y el abandono de programas de asistencia técnica son algunas de las señales que el sector interpreta como una desatención estructural.
Lejos de buscar consensos o liderar una visión de desarrollo rural, el enfoque actual es puramente contable. En lugar de promover políticas sectoriales activas, la prioridad parece ser cumplir metas de superávit fiscal, incluso a costa de tensiones con provincias productoras y con pymes agroindustriales que enfrentan serias dificultades.
Así, el primer año de gestión de Iraeta no se mide por logros o reformas, sino por su capacidad para diluirse dentro de una estructura donde las decisiones estratégicas se toman lejos del territorio, sin diálogo con el sector y con una lógica puramente financiera. En ese marco, su figura funciona más como símbolo de la nueva subordinación institucional que como protagonista de una política agropecuaria nacional.