La causa que investiga presuntos delitos en el negocio de los seguros contratados por el Estado argentino sumó nuevas pruebas que complican aún más a los imputados. Según reveló Infobae, la Justicia comprobó la existencia de coimas a través de transferencias bancarias y nuevos intercambios de mensajes entre los protagonistas de la maniobra.
La investigación se centra en la estructura creada durante el gobierno anterior para canalizar millonarios contratos de seguros obligatorios de organismos públicos a través de un esquema de intermediación. Según el expediente, empresas del Estado eran obligadas a contratar seguros por medio de brokers designados de manera discrecional, quienes luego devolvían una parte de las comisiones cobradas a funcionarios o allegados.
Uno de los mensajes que ahora forman parte del expediente judicial reza: “Si no hacemos guita con esto, somos unos pelotudos”, una frase atribuida a uno de los imputados que, según los investigadores, evidencia el objetivo lucrativo de la operatoria. La filtración de estos chats, sumados a movimientos de dinero detectados en cuentas bancarias, consolidan la hipótesis de que se trató de una red organizada de corrupción.
La Justicia ya cuenta con declaraciones de testigos y documentación contable que respaldan esta línea de investigación. En paralelo, se analiza la posible existencia de una caja política alimentada con fondos provenientes de estas comisiones. Las ramificaciones del caso alcanzan a exfuncionarios de alto nivel, exdirectores de empresas públicas y empresarios del sector asegurador.
La causa también pone en cuestión los mecanismos de control internos del Estado y la falta de transparencia en los contratos de servicios financieros. En algunos casos, las pólizas contratadas tenían valores hasta un 300% por encima del precio de mercado, y los intermediarios no tenían experiencia acreditada ni autorización formal para operar como brokers.
Los avances en la investigación judicial abren la puerta a nuevos procesamientos y posiblemente a pedidos de indagatoria en las próximas semanas. El caso se ha transformado en un emblema del uso indebido de los recursos públicos y podría generar impacto político en distintos sectores si la Justicia continúa avanzando con el ritmo actual.